Justicia de género

La escandalosa condena a las hermanas Jara por defenderse de un ataque sexual reabrió el debate por los fallos que revictimizan a las mujeres. Los casos de Marita Verón, María Ovando y Romina Tejerina en cuestión. Y la reforma que viene.

Hubo alegría, pero también bronca. Las hermanas Ailén y Marina Jara salieron en libertad pero fueron condenadas por “lesiones graves”. Detrás del caso de las dos hermanas, de 20 y 21 años, respectivamente, que pasaron más de dos años presas por defenderse de una violación, se abre un debate que recién comienza. Para quienes reivindican los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en nuestro país sufrimos de una “Justicia machista y patriarcal”. Pasadas las 23 horas del pasado martes 9 de abril, las hermanas pudieron salir del penal de Los Hornos y respirar el aire de la libertad. Por fin pudieron dormir en su casa, junto a su madre Elena Salinas, que fue quien sostuvo el reclamo durante todo este tiempo, primero en soledad y después acompañada por organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos. Luego de escuchar la sentencia, Salinas convocó a que las mujeres sigan con la lucha: “Tenemos que aprender con este caso lo que es la violencia de género. Les pido a las mujeres que no se callen ante la violencia”.

“El caso de las hermanas Jara no es el único. Nos encontramos con muchas mujeres presas por ejercer la legítima defensa en situaciones similares. El Poder Judicial tuvo una oportunidad histórica y la perdió: si las absolvían, le daban a la sociedad el mensaje de que en la Argentina las instituciones no son cómplices de la violencia contra las mujeres”, denunció a Veintitrés Romina Amor, integrante de la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. “Sentimos alegría por la libertad de chicas. Esto sólo se produjo por la presión social que se hizo desde las organizaciones y movimientos de mujeres. Repudiamos la condena que hace la Justicia machista y patriarcal, tienen un pensamiento que no les da voz a las mujeres. Como en el caso de Marita Verón, donde la Justicia no escuchó a las mujeres víctimas de la trata, el de María Ovando –la mujer de Misiones acusada por la muerte de su hija de tres años, que sufría desnutrición– y el de Romina Tejerina en Jujuy (condenada por el asesinato de su bebé, producto de una violación)”, señaló la militante.

Las hermanas Jara fueron condenadas a dos años y un mes de prisión por el delito de “lesiones graves”. El 19 de febrero de 2011, cuando regresaban a su hogar en la localidad de Moreno, fueron abordadas por Juan Antonio Leguizamón. Ellas siempre sostuvieron que el hombre las atacó con un arma de fuego con la intención de abusar sexualmente de ellas. Nunca fueron escuchadas. Ante la violencia del atacante, se defendieron quitándole el arma y con un cuchillo, con el que le hicieron un corte por el que no estuvo más de un día hospitalizado. No bien sucedió el incidente, las hermanas denunciaron en la comisaría 5ª de Paso del Rey lo que acababa de pasar y entregaron el cuchillo. Pero el sistema penal bonaerense las señaló como victimarias, por lo que quedaron detenidas.

El atacante no era un vecino cualquiera: Leguizamón es un ex convicto sospechado de dedicarse al tráfico de drogas. Pero el hecho quedó caratulado como tentativa de homicidio. La versión policial fue confirmada por el Poder Judicial. Según sostienen la madre de las hermanas y las organizaciones que la apoyan, no sólo las encarcelaron “preventivamente” sino que también omitieron investigar la hipótesis del ataque sexual y la legítima defensa. Todo fue de mal en peor para las hermanas: según indicaron quienes reclaman su absolución, las defensoras oficiales Manuela González y María Celina Bereterbide asumieron la culpabilidad, lo que no las benefició en su situación procesal. Pero el calvario recién empezaba: como muchos otros presos, ellas se quejaron por haber sufrido de ensañamiento por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que incluyó violencia física y psicológica, así como la dificultad para acceder a atención medica. Pese a todos los elementos de prueba que indicaban que Leguizamón solía manejarse de manera extremadamente violenta, incluyendo el uso frecuente de armas de fuego, los jueces Fabián Brahim, Graciela Larroque y Marcos Barski decidieron condenar a las hermanas por lesiones graves a una cantidad de tiempo que ya purgaron en prisión. Por eso salieron en libertad.

“Ahora que se está debatiendo sobre la democratización de la Justicia (ver recuadro), nosotras decimos que la Justicia sólo va a ser democrática si tiene un enfoque de género: esa es la única manera en la que los derechos humanos básicos sean garantizados”, puntualizó Amor. Según adelantó la militante feminista, tienen por delante pelear por la absolución de las jóvenes. “La legitima defensa ante un intento de violación es un derecho básico. Esta Justicia no defiende a las mujeres, y mucho menos si son mujeres pobres. Si en vez de vivir en un barrio de Moreno ellas hubieran vivido en un barrio de gente rica, otra habría sido la respuesta de la Justicia”.

“Hay muchas mujeres dentro del sistema penitenciario que se defendieron de una agresión machista. Están presas por ejercitar la legítima defensa. El mensaje que da la Justicia es ‘no te defiendas, te queremos sumisa’. Son muchas las que están detenidas porque evitaron ser asesinadas o violadas”, destacó Amor, que puntualizó que en este caso “existe un entramado de corrupción, donde la policía y la Justicia protegen a Leguizamón, que es un narco que trabaja con la comisaría”.

Isidro Encina, el abogado que tomó la defensa de las hermanas, consideró que en este caso, como en el de Marita Verón, hay una “mezcla de desgracias sociales: la raíz del problema es el vínculo de la policía con la trata y con la droga”. Según indicó a esta revista, con el fallo “lo único que trataron de hacer los jueces es encubrir la mala praxis de la defensora oficial, de la instrucción y de los jueces, así como la situación de complicidad de la policía con Leguizamón, un hombre vinculado a la venta de drogas que estuvo siete años detenido por robo calificado y privación ilegítima de la libertad y que solía mostrarse armado”.

Para Encina, el fallo “intentó acomodar las cosas pero lo único que hizo es echarle nafta al fuego, ya que lo único que buscan es tapar todo lo que hicieron mal. Esta Justicia depende de los barones del conurbano”. En coincidencia con Amor, el abogado adelantó que irán más lejos en su reclamo: “Vamos a ir hasta las últimas instancias para acreditar la inocencia de mis defendidas y las canalladas de Leguizamón. Si los tribunales del país no nos dan la razón, vamos a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un caso testigo de la Justicia machista”.

Verónica Catinari, del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, se sumó a la alegría por la libertad de las chicas “injustamente privadas de su libertad”. Pero también dijo que vivieron el fallo “con mucha tristeza porque otra vez no hay respuesta de quienes tienen que garantizar el acceso a la Justicia. En vez de absolverlas, las condenan”.

Según Catinari, “todo el sistema policial y judicial es muy machista: las mujeres sufrimos violencia en el ámbito privado y público”. Para cambiar esta situación, hace falta “modificar todo el sistema patriarcal de formación para que los funcionarios tengan una mirada que permita garantizar la igualdad de oportunidades. Recién ahí las mujeres vamos a sentirnos más tranquilas. Lo que les pasó a las hermanas Jara o a Tejerina nos puede pasar a cualquiera de nosotras, es una sensación de total desprotección por parte de las instituciones”. Catinari puntualizó que el hecho de que hayan sido funcionarias mujeres las que se comportaron de esta manera tiene que ver con que existe una “cultura machista que afecta tanto a hombres como a mujeres”, por lo que recalcó la necesidad de una “formación integral que incorpore la mirada de género y la búsqueda de la igualdad”. Y opinó que “es triste porque se supondría que las mujeres tendrían que tener más empatía con las víctimas y ponerse en su lugar, pero en este caso no fue así”.

Por su parte, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires se sumó al amicus curiae que presentó la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas para que “se les reconozca a las hermanas Jara acceder al debido proceso desde una perspectiva de género”. De esta manera, estos organismos plantean su apoyo al reclamo por la absolución de las ahora condenadas. Según consideraron, se trata de una “causa invertida, en la que la presunta víctima es en realidad el victimario. En cambio, las víctimas reales de una agresión sexual se encuentran en el banquillo de las acusadas, en un caso que evidencia la violencia de género existente en la sociedad y reproducida por el Estado”. Desde este espacio, que viene investigando el accionar de las fuerzas de seguridad bonaerenses, se sumaron a la consideración de que este hecho “se encuentra atravesado por presuntas conexiones del atacante con el poder político y policial, con negocios ilegales y con la connivencia del sistema judicial”.

La Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer también se sumó al amicus curiae. Su presidenta, Mabel Bianco, consideró que “las hermanas Jara fueron víctimas del abuso de poder de un hombre y también del sistema judicial, que las mantuvo dos años presas sin haberlas escuchado hasta el día del juicio. Es un caso paradigmático y un antecedente importante para trabajar en desterrar la violencia sexista e insistir en la implementación de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres concretando sin demora la capacitación del personal de la Justicia y las fuerzas de seguridad, además de controlar su cumplimiento”.

María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, destacó que “es preocupante que el acoso sexual no se haya tenido en cuenta en todo el proceso. Preocupa también el mensaje que se está dando a la sociedad cuando las mujeres se defienden de sus abusadores, evitando quizás una violación o incluso poner en riesgo su vida”. Además, agregó Naddeo, “preocupa que estas jóvenes hayan cumplido dos años de condena, en condiciones adversas, recibiendo malos tratos y hostigamiento cuando nuestra Constitución nacional consagra la presunción de inocencia”

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Violencia múltiple

Desde la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres denunciaron que sobre Marina y Ailén se ejercieron cinco tipos de violencia, todos prohibidos por la ley 26.485, sancionada en marzo de 2009:

1. Violencia psicológica: su vecino Juan Antonio Leguizamón, supuesta víctima, acosó a una de las chicas largo tiempo para que acceda a tener relaciones sexuales con él.

2. Violencia sexual: las jóvenes sufrieron un intento de abuso sexual al salir de un boliche y se defendieron del ataque de Leguizamón.

3. Violencia institucional: policía y Poder Judicial desoyeron a las jóvenes y las revictimizaron al indagar sobre cantidad de novios y vestimenta, como si los hábitos de vida de cada mujer pudieran justificar el intento de ataque sexual.

4. Violencia económica: al ser dos jóvenes pobres contaron la mayor parte del tiempo con dos defensoras públicas que no les creyeron ni incluyeron la perspectiva de género.

5. Violencia simbólica y mediática: fueron colocadas en el lugar de “sospechosas” en una reproducción del discurso judicial acrítica y sin perspectiva de género.

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Otra Justicia

En el marco de una fuerte disputa por el estado del Poder Judicial, el 8 de abril pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció seis proyectos de ley para “democratizar la Justicia”. Se trata de la reforma del Consejo de la Magistratura, que propone elegir mediante el voto popular –de forma conjunta con los comicios nacionales– a sus integrantes y ampliar el cuerpo de 13 a 19 miembros. También se propuso democratizar el ingreso a la Justicia, privilegiando la meritocracia. Para transparentar los trámites judiciales se promueve publicar los actos del Poder Judicial. Otra iniciativa plantea la creación de las cámaras de casación en los distintos fueros –hasta ahora sólo existían en la esfera penal–. Un quinto proyecto invita a publicar y brindar acceso directo a las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado. Y por último, la Presidenta propuso la regulación de las medidas cautelares contra el Estado nacional y sus entes descentralizados. Para su tratamiento legislativo, el Ejecutivo decidió dividir en dos paquetes las medidas anunciadas: tres ingresarán por la Cámara baja y las restantes por la Cámara alta.

Al cierre de esta edición, el plenario de comisiones del Senado daba dictamen favorable a los proyectos de renovación del Consejo de la Magistratura y de creación de las cámaras de casación, mientras la oposición anunciaba en una conferencia de prensa que rechazaba las iniciativas y se ausentaría del debate.

Publicado por Revista Veintitrés, el 10 de abril de 2013