El aborto legal no contraría a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que suscribe Argentina, afirmó hoy la abogada venezolana Luz Patricia Mejía en una audiencia ante diputados de la Comisión de Legislación Penal.
Mejía, relatora de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de género, dijo que "la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres, y no es posible soslayarlo más, en pos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la Argentina y todo el continente americano".
"El aborto legal no es contrario a la Convención sobre Derechos Humanos de la Comisión Interamericana (CIDH)", reafirmó Mejía.
La funcionaria de la OEA, en su cuarta visita al país, donde recientemente presentó un informe sobre el estado regional de la salud reproductiva, planteó "cuál es el límite de la protección de la vida para los estados".
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se expidió respecto a que la Convención Interamericana no se opone al reconocimiento del derecho al aborto, porque la redacción del artículo sobre el derecho a la vida incorporó la expresión en general para permitir a todos los países firmarla", enfatizó.
"Por eso no es motivo para impedir la aprobación de una legislación que permita interrumpir el embarazo, reafirmó.
Mejía contó que "la adición de la frase `en general` desde el momento de la concepción, hace a la diferencia jurídica para que los países que permitieran el aborto no se sintieran impedidos" de firmar la Convención.
La funcionaria de la OEA contó que actualmente atienden "varias denuncias por negligencia médica, ya que hay violación al Pacto si una mujer muere por falta de atención".
"El índice más lamentable es la cantidad de mujeres que mueren por causas prevenibles con atención sanitaria, pero no llegan a los centros de salud por falta de dinero, razones culturales, o son desatendidas cuando llegan a último momento".
"El límite jurídico de la `objeción de conciencia` del médico está en la vida de la mujer, que tiene existencia real, y cuya falta de atención pone en riesgo su integridad física", argumentó.
En una rueda de prensa en la que participó Télam, posterior a la audiencia pública, Mejía relató que "los casos que nos están llegando de Argentina y toda la región son de mujeres que han fallecido por falta de servicios de salud materna".
Los casos "no son sólo por consecuencias de abortos clandestinos no atendidas o en proceso, sino también de una mujer que, teniendo cáncer y necesitando un tratamiento de radioterapia, no fue atendida porque se pretendió proteger la vida del niño, que posteriormente muere porque la mujer no estaba en condiciones de salud para dar a luz por una fase muy avanzada del cáncer".
"Tenemos casos de niñas violadas que quedan embarazadas, y pese a que en los países existe el aborto ético o terapéutico, no son atendidas porque existen barreras culturales o estructurales de los sistemas de salud", contó.
Mejía opinó que "la criminalización del aborto está siendo un problema de derechos humanos en la medida que el aborto sigue ocurriendo y se manifiesta estadísticamente es una altísima tasa de mortalidad, y cuando no hay afectación de la vida, la hay de la integridad física, psíquica y moral de la mujer que se somete a un aborto clandestino".
La de hoy fue la segunda audiencia pública, en la que participó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que integran unas 300 organizaciones sociales, profesionales y de género, cuyo proyecto de ley cuenta con las firmas de 50 diputados y va a ingresar "este año a tratamiento parlamentario", según el presidente la comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica.
Activistas antiabortistas de la diputada Cynthia Hotton, de "Valores para mi país", concentrados en la entrada del edificio, agredieron a la diputada Victoria Donda tirándole del pelo y provocaron un pedido formal de desagravio para Mejía, tratada despectivamente de "viajera por el mundo que relata".
Mejía recordó la visita de la CIDH a la Argentina en 1979, en plena represión dictatorial, cuando era "cuestionada por amplios sectores de la sociedad que hoy reconoce que lo que se hizo entonces fue vital para la vida de mucha gente que apareció, y para la memoria de mucha que no apareció"
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